12Jun

El caso Odebrecht es el asunto de corrupción política más conocido y divulgado, provocando que el pueblo dominicano tome las calles clamando justicia y la erradicación de la impunidad. Pero este no es un caso aislado puesto que la realidad es que la corrupción en los organismos y oficinas del estado viene produciéndose desde hace mucho tiempo. Todos sabemos que durante años la corrupción ha sido ignorada y ocultada descaradamente por las autoridades, ya que aunque  hubiera denuncias difundidas  por los medios de comunicación e incluso llevadas ante la Justicia como los casos de Felix Bautista, Sun Land, Los Tucanos, entre otros, realmente nunca se ha visto una resolución efectiva o acciones correctivas en contra de los funcionarios públicos envueltos en ellos.

La promoción del clientelismo político, el secuestro de las cortes y gran parte del sistema judicial blindan el sistema político, principal foco desde el que se extiende la corrupción. No solo se ve como algo normal que un político de la noche a la mañana se enriquezca, sino que también se presenta como ‘normal’ que las personas hablen de las “botellas”, “barrilitos” y la cultura del LMA (Lo Mío Alante), como si no fuera nada del otro mundo. Tampoco podemos olvidar a los ‘amigos del partido’ que se ven beneficiados con uno u otro favor. Eso demuestra que la corrupción está en las raíces del sistema.

Debemos preguntarnos, ¿A dónde vamos a parar con todo esto?, ¿De verdad queremos vivir en una sociedad donde no se castigue lo que está mal hecho? ¿De verdad debemos permitir que los funcionarios públicos se beneficien de su posición, se enriquezcan de manera ilícita y vivan una vida de lujos mientras que muchos dominicanos no tienen lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas?

Nosotros, como nación, debemos desarrollar nuestra conciencia, sentar un precedente cambiando nuestra forma de pensar. Debemos plantearnos una transformación cultural, política y social que nos dirija hacia un bienestar común y que nos garantice equidad, seguridad y más oportunidades, y para ello es indispensable hacer frente legal, política y moralmente a la corrupción, sea a gran escala o sea esa que parece que forma parte de la vida pública de forma natural y que todos padecemos a diario.

Las medidas de coerción impuestas por el Juez  de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, a los acusados de corrupción del caso Odebrecht son solo un comienzo. Este es el momento en el que la sociedad civil debe alzar su voz, empoderarse de su futuro y exigir a las autoridades llegar al fondo de estos actos, señalar a los culpables, recuperar lo robado y establecer un régimen de consecuencias efectivo.

Para acabar con la corrupción hay que poner fin a la impunidad. Para acabar con la impunidad es necesaria la respuesta de todos los dominicanos asumiendo nuestra responsabilidad como pueblo y como nación para cambiar nuestro país.